Desde que fue impuesta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Veracruz, la magistrada Isabel Romero Cruz no ha tenido empacho
alguno en poner de rodillas al Poder Judicial ante el Ejecutivo estatal, en una
actitud de sumisión absoluta, indigna y abyecta. El sello de la casa de la “4t” a
todos los niveles, valga decir.
Pero si las formas son detestables, lo que hay en el fondo de las mismas implica
una cantidad tal de manejos turbios de los recursos de ese Poder
constitucionalmente autónomo, que varios de los implicados habrán de ser
llamados a cuentas por malversación y desvío de dinero público.
El miércoles de la semana pasada, en este espacio se refirió cómo la directora
general de Administración del Poder Judicial de Veracruz, Joana Marlén Bautista
Flores, se constituyó como el verdadero “poder tras el trono” pues representa los
intereses del subsecretario de Administración y Finanzas Eleazar Guerrero, primo
hermano del gobernador Cuitláhuac García y quien controla todo lo que se hace
con los recursos públicos del estado en este sexenio.
Pues bien, fue Bautista Flores la encargada de operar lo que representaría un
fraude a las arcas del Poder Judicial, comparable con las jugadas que
acostumbraba realizar Javier Duarte a través del mecanismo de desvío de
recursos conocido como “la licuadora”.
Información en poder de quien esto escribe señala que mediante el fideicomiso
número 108839 el Poder Judicial llevaba a cabo inversiones a plazos fijos en una
cuenta bancaria en HSBC, con la finalidad de incrementar el patrimonio del Fondo
Auxiliar para la Impartición de Justicia de ese órgano, las cuales se realizaron en
los últimos años en los plazos señalados cada 90 días y hasta reportaron
rendimientos de entre cuatro y seis millones de pesos en cada vencimiento.
Eso cambió a la llegada de Joana Marlén Bautista a la Dirección General de
Administración en agosto de 2020. Una de sus primeras acciones fue instruir el
retiro de la cantidad existente en el fondo de inversiones -sin acordarlo con el
Comité Técnico para la Administración de dicho fondo- y así disponer de 265
millones de pesos.
Pero eso no es todo. Esa cantidad habría sido puesta a disposición del Poder
Ejecutivo como un “préstamo”, sin contar con documento alguno que respaldara
tal acción por parte del Consejo de la Judicatura, con cargo al presupuesto del
próximo año.
De ahí nace precisamente el déficit de 500 millones de pesos que enfrenta el
Poder Judicial en este momento, pues por un lado Joana Marlene Bautista retiró
esos 265 millones de pesos de las cuentas del Fondo Auxiliar para la Impartición
de Justicia para transferirlos al Ejecutivo bajo una afectación al presupuesto de
- Es decir, que se tiene un faltante de recursos del Fondo Auxiliar y una
afectación a las cuentas del presupuesto del próximo año.
No por nada la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros afirmó en una
entrevista la semana pasada –luego de ser injuriada por los textoservidores del
régimen en Veracruz al negarse a reducir su salario por órdenes del gobernador-
que en el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia “simplemente, el dinero lo
desaparecieron”.
CICE, los Ruiz y hasta Sánchez Cordero, los “ganones” del desfalco
El otro barril sin fondo en el Poder Judicial, como se ha mencionado, son las
Ciudades Judiciales, cuya construcción pasó de cinco mil millones iniciales a 15
mil millones de pesos, y cuya investigación le costó su destitución a la anterior
presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta.
¿Cuáles son los intereses que se afectaron? Pues precisamente varios que
escalan hasta el ex presidente del TSJEV Edel Álvarez Peña y sus acuerdos
alcanzados con la administración de Cuitláhuac García Jiménez; a poderosos
consorcios empresariales asentados en la entidad y hasta a la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Y es que el contrato para la construcción de las Ciudades Judiciales beneficia a
varios consorcios cuyos dueños son los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa,
cuya familia ha hecho grandes negocios en todos los últimos gobiernos estatales,
sin importar el partido que los encabece.
También aparece entre las empresas “ganonas” el Consorcio Integral de Comercio
Exterior, mejor conocido como CICE, una de las principales operadoras de
negocios en el puerto de Veracruz y que “extrañamente” decidió incursionar en el
ramo inmobiliario como contratista gubernamental.
Otra de las empresas es Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.,
representada por Carlos Nachón Llanos, quien resultaría ser, ni más ni menos,
que sobrino de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Por eso es que los contratos para las Ciudades Judiciales no se tocan ni por
equivocación.
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